Los días 12 y 13 de julio del corriente año, los/as expertas/os del Comité de Naciones Unidas que monitorea el cumplimiento de las Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (Cedaw), escucharon a las organizaciones de derechos humanos y de mujeres y a la delegación oficial del Estado Argentino. Entre algunos de los temas que los expertos y expertas del Comité han señalado al Estado Argentino con insistente preocupación, figuran:

 

- La falta de cumplimiento por parte de los Estados en sus diferentes niveles –nacional, provincial y local- de las directrices de la Cedaw.

 

- La falta de estadísticas y datos oficiales desagregados por sexo.

 

- La persistencia de altos índices de mortalidad materna y embarazo adolescente. Problemáticas directamente relacionadas con la deficiente implementación de las leyes referidas a salud sexual y reproductiva, educación sexual, violencia integral contra las mujeres.

 

- Las dificultades para el acceso a los casos de abortos no punibles.

 

- Las violencias contra las mujeres detenidas en las cárceles y dependencias policiales.

 

- Los mecanismos de protección para las victimas de trata y la articulación de la cooperación internacional para abordar esta problemática.

 

- La inexistencia de políticas públicas que contemplen las particulares realidades de las mujeres rurales, migrantes e indígenas.

 

- La segregación de las mujeres en el mercado laboral, en los cargos electivos a niveles legislativos y ejecutivos así como en la administración de la justicia.

 

- La persistencia de estereotipos de género en los medios de comunicación y en la educación formal.

 

- La reducida estructura jerárquica y partida presupuestaria del Consejo Nacional de las Mujeres.

 

 

En la oportunidad, las organizaciones de la sociedad civil presentaron un informe alternativo al de las autoridades estatales, en el que destacan que durante el último período “se han dado grandes avances en materia legislativa” y sobre todo, celebran la ratificación en el 2006 del Protocolo Facultativo de la Cedaw, “posibilitando que las mujeres víctimas de violaciones de derechos humanos puedan realizar denuncias internacionales y que el Comité pueda realizar investigaciones de oficio en los casos de violaciones graves o sistemáticas a los derechos de las mujeres”.

 

Sin embargo, también las organizaciones informan que “no se advierte que se hayan adoptado las medidas necesarias para revertir la gran mayoría de las cuestiones que fueran objeto de preocupación y recomendaciones en las últimas observaciones finales sobre Argentina del Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer”.

 

“A pesar de las claras recomendaciones del Comité en el 2004, en este Informe no se advierte una activa preocupación del Estado argentino por incorporar perspectivas de género en todos sus proyectos, políticas y programas sociales y económicos, de forma de asegurar que éstos apunten a lograr el objetivo de la igualdad entre los géneros y el goce de sus derechos humanos por parte de las mujeres. La falta de jerarquización del mecanismo de promoción de los derechos de las mujeres, es la primera muestra de ello”, indica el documento de las organizaciones.

 

Agrega el informe que “en general es preocupante la falta de información oficial estadística desagregada, que permita analizar el impacto de las políticas económicas y sociales en las mujeres, a fin de corroborar que éstas reviertan la tendencia de que las mujeres y las personas menores de edad son más pobres que los adultos varones, profundizando inequidades estructurales”.

 

Asimismo, advierte que “el mercado de trabajo no ha sufrido mayores transformaciones, en tanto siguen siendo las mujeres las que adolecen de mayor precariedad en el empleo. En general, las políticas sociales de transferencia de ingresos -incluso la positiva Extensión de las asignaciones familiares mediante la Asignación Universal por Hijo para la Protección Social- no reconocen tampoco la perspectiva de género”

 

Llama también la atención de las organizaciones “la ausencia de políticas eficaces, y abordajes integrales sobre problemáticas específicas de las niñas y mujeres”, tales como las falencias en las políticas tendientes a garantizar sus derechos sexuales y reproductivos y, en especial, la falta de respuestas adecuadas para reducir la mortalidad materna”.

 

Por último, el informe expone detalladamente sobre temas como la desarticulación entre los programas destinados a prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, en particular para combatir la trata de niñas y mujeres con fines de explotación sexual, y la violencia institucional sobre las mujeres privadas de libertad.

 

Estuvieron presentes la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, Cladem, Católicas por el derecho a decidir Argentina, Ela (Equipo Latinoamericano de Género), Cohre (Centro por el derecho a la vivienda y contra los desalojos), Insgenar (Instituto de género derecho y desarrollo- Adem (Acción por los derechos de las mujeres) y la Campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito.