"Derechos humanos de las mujeres: asignaturas pendientes del estado argentino" es el nombre del estudio, elaborado por Católicas por el Derecho a Decidir, Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), Centro de Estudios de Estado y Sociedad, Centro de Estudios Legales y Sociales, Comité contra la Tortura, entre otras agrupaciones.

 

El mencionado informe fue presentado este mes al Comité de Seguimiento de la CEDAW y tiene como finalidad facilitarle los elementos observados por la sociedad civil para "que (el Comité) pueda realizar un análisis más completo sobre los factores que inciden en el goce efectivo de los derechos contenidos en la CEDAW, en Argentina", se señala en el documento.

 

Según el mismo, uno de los aspectos que se debe fortalecer son las políticas de transferencia de ingresos, en las cuales se ha observado que, si bien el Estado ha implementado programas de trasferencias para reducir la pobreza y la indigencia, "aún no ha incorporado la perspectiva de género en ese sector".

 

Es decir, el estado no tuvo en cuenta las recomendaciones que el Comité de la CEDAW emitió en 2004: las mujeres [son] principalmente beneficiarias de dichas medidas, en lugar de ser participantes y actoras en pie de igualdad en su diseño y su aplicación.

 

En este sentido, las sugerencias realizadas por la sociedad civil para que el Comité recomiende al Estado son: promover medidas que garanticen estadísticas confiables, promover la asignación universal por hijo, que aunque ya existe, sería óptimo dotarla de mayor legitimidad institucional y la universalización: es decir, que incluya a grupos de bajos salarios, cuyos ingresos no les permiten cubrir las necesidades del grupo familiar.

 

En cuanto a salud sexual y reproductiva, el documento señala que este es un factor de la inequidad entre las regiones de la Argentina.

 

En este sentido la doctora Mabel Bianco, infectóloga y presidenta de FEIM, manifestó en conferencia de prensa que, aunque "hay adelantos a partir de la ley de salud sexual y reproductiva (sancionada en 2002) aún existe cierto atraso respecto a garantizar los derechos a la interrupción del embarazo. En esto hay que tener en cuenta que los abortos clandestinos siguen siendo la principal causa de muerte materna".

 

En torno al aborto, el informe dice que existen escasos avances legislativos tanto en la reglamentación de su práctica no punible en las distintas jurisdicciones (federal, provincial y municipal), como en la necesaria modificación del Código Penal que lo sanciona. El documento también se refiere a esfuerzos truncos que se han registrado en algunas legislaturas que "avanzaron con iniciativas, pero fueron los poderes ejecutivos los que las han vetado".

 

En el año 2008 se presentó en la Cámara de Diputados nacional un proyecto de modificación del Código Penal y de reglamentación del aborto no punible y "hasta la fecha, no se logró su aprobación y no se ha vuelto a convocar a las comisiones para continuar su tratamiento", se indica.

 

El documento describe que el Consejo Nacional de las Mujer (CNM), desde su creación en 1992, ha tenido poca incidencia en la formulación, diseño y ejecución de políticas públicas.

 

"La existencia de estas falencias en el plano nacional facilita su recreación en provincias y municipios, que repiten el esquema de estructuras poco jerarquizadas, con escaso o nulo presupuesto y muy recortadas en sus incumbencias", subraya el informe.

 

"Es que lamentablemente el CNM no ha tenido un rol importante, porque no ha sido una estructura jerarquizada. En vez de mejorar ha ido retrocediendo, a pesar de que en la actualidad hay una propuesta de mejorar, pero aún no se ha visibilizado", manifestó Mabel Bianco a SEMlac.

 

"Es una estructura que ha tenido escaso presupuesto y poco personal capacitado técnicamente. Además ha ido evitando ciertos temas y, en algún momento, puso énfasis en la familia y no tanto en temas de la mujer. Se debe entender que la política debe plantear una especificidad hacia las mujeres porque corren el riesgo de quedar envueltas en generalidades", apuntó.

 

Por ello, la sociedad civil sugiere al Comité que recomiende al Estado Argentino establecer claramente los objetivos a corto, mediano y largo plazo en cada una de las materias abordadas por el CNM; incorporar transversalmente las políticas de género y dotar a la institución encargada de ello, de la jerarquía y el presupuesto necesario para cumplir y fortalecer, las medidas necesarias para dar adecuado cumplimiento a la CEDAW en las instancias locales y provinciales.

 

Respecto al derecho de mujeres y niñas a una vida libre de violencia, el texto sostiene que este aspecto se aborda de manera desarticulada e, incluso, no se atienden adecuadamente situaciones particulares vinculadas a las mujeres que viven con vih/sida, para quienes se solicita un correcto tratamiento.

 

En este sentido, las organizaciones recomiendan la adopción de medidas para construir información confiable que permita conocer los tipos de violencia que padecen las mujeres y niñas. Además, sugieren la implementación integral del plan nacional de acción para la prevención, asistencia y erradicación de la violencia contra las mujeres, que contempla la recientemente reglamentada ley de Protección Integral a las Mujeres.

 

Otro de los aspectos analizados en el documento es la situación de las mujeres privadas de libertad.

 

Las condiciones inhumanas se agravan porque "no hay consideración alguna de las necesidades específicas de este colectivo, lo que se pone de manifiesto, entre otras cuestiones, en la falta de programas adecuados en materia de salud, las persistentes prácticas de violencia, malos tratos, tortura de las que son objeto las detenidas, y la recurrencia a estereotipos en las posibilidades de empleos en las cárceles", precisa el documento.

 

En este sentido, la doctora Laureana Malacalza, integrante del Comité contra la Tortura, dijo durante la presentación del informe que una de las formas de violencia que sufren las mujeres privadas de su libertad es la gran presencia de varones en el personal de seguridad.

 

Además, "están sometidas a una vulneración sistemática en todos sus derechos y nos preocupa la violencia institucional en las unidades carcelarias y dependencias policiales, donde existe el maltrato, la tortura, la violencia física y sexual, y forma parte del castigo tanto en el servicio penitenciario federal como en la provincia de Buenos Aires", señaló Malacalza.

 

El informe solicita al Comité que recomiende al Estado Argentino "promover la sanción legal y aplicación judicial efectiva en todo el país de medidas alternativas a la privación de la libertad en casos de mujeres embarazadas y/o con hijos pequeños".

 

A modo de ejemplo, señala que en la Unidad Nº 33, de Los Hornos (localidad de la provincia de Buenos Aires) existe un sector destinado a alojar a mujeres embarazadas y que residen en prisión con sus hijos e hijas, sin presentar condiciones y régimen de detención diferenciados. En el resto de las unidades, las mujeres con sus hijos e hijas y embarazadas, comparten el mismo sector con otras detenidas.

 

Otra de las recomendaciones son la derogación de toda norma que habilite la práctica de requisas vejatorias a las mujeres privadas de libertad así como a las mujeres y niñas que visitan los centros de detención, y prohibir la presencia de personal masculino en los lugares de detención que alojan mujeres.