La figura penal que se les imputa a ambos está agravada por haberse aprovechado de la vulnerabilidad de las dos chicas –menores que estaban alojadas en un hogar CAINA (Centro de Atención Integral para la Niñez y Adolescencia) de Roca- y porque también las violaron y amenazaron.

 

Según consta en el expediente, cada uno de los hombres habría violado a una de las jovencitas, según declaraciones de ambas, que además fueron respaldadas por los informes y constataciones de los profesionales y operadores del hogar.

 

La causa fue iniciada el 30 de junio pasado por la denuncia efectuada por las autoridades del CAINA "Gabriela Mistral", de Roca, quienes advirtieron que dos adolescentes alojadas en la institución estaban a punto de ser llevadas a Salta a ejercer la prostitución y que al menos a una de las menores les habían suministrado drogas.

 

La Fiscalía Federal, en principio, formuló un requerimiento de instrucción por los delitos de trata de personas y suministro de estupefacientes y luego, al avanzar la investigación y tomar conocimiento de nuevos hechos, amplió la acusación por los delitos de abuso sexual y amenazas a las mismas víctimas y por parte de los mismos imputados.

 

Los acusados, que permanecen detenidos a disposición del juez federal subrogante Santiago Inchausti, son Jorge Luis Camarena Yalo, peruano de 44 años, y Marcelo Enrique Ganín, argentino de 20. Ambos habrían contactado a las menores en el puesto de venta informal que el primero de ellos tenía en el centro de la ciudad.

 

La defensa de los imputados podría apelar el procesamiento –que incluye un embargo de bienes por la suma de $ 200.000– y ha planteado ya una cuestión de competencia por entender que el delito de abuso sexual con acceso carnal no es de competencia federal.

La Fiscalía se pronunció en favor de mantener unificada la investigación, al menos hasta que el avance permita desdoblarse sin que hacerlo perjudique a las víctimas ni a la causa, criterio que basó en la ley 26364 de prevención, asistencia a las víctimas y sanción del delito de trata de personas y en pronunciamientos en tal sentido del procurador de la Nación y de la Corte Suprema de Justicia.